El anteproyecto de la polémica Ley Wert (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (
LOMCE),
ve la luz tras ser aprobado por el Consejo de MInistros de este
viernes. En su intervención, el ministro de Educación, ha resaltada la
inversión de 400 millones de euros en tres años. La norma garantiza la
enseñanza en castellano cuando sea la elección de los padres.
José Ignacio Wert
ha destacado la instauración de
evaluaciones al final de cada ciclo.
"No son reválidas", ha asegurado sobre estos exámenes, que los califica
de "caminos de señalización". Más novedades:
se instaura el 4º de la ESO
como curso orientador.
El titular de Educación ha calificado este viernes de "un cambio de
filosofía" la distribución de competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas. "Para poder definir un núcleo básico para que
exista una homogeneidad mínima", ha justificado. Wert ha defendido la
reforma que ha resumido afirmando que "se trata de garantizar el derecho
a la educación a través de la reducción del abandono escolar" e incide
en la independencia de los centros.
Otro de los objetivos de la reforma, que ha defendido el ministro, es
la modernización de la Formación Profesional es, según prosigue Wert,
otro de los motivos del origen de la reforma. "Tenemos que conseguir que
no sea percibida como una carretera de segundo orden", afirma.
"Necesitamos una remodelación urgente de todo el sistema educativo",
ha destacado Sáenz de Santamaría, ya que la tasa de abandono escolar
temprano en España es del 25 % -dobla la media de la UE-, es decir, uno
de cada cuatro alumnos abandona la educación sin el título de la ESO.
Además, la tasa de repetidores es muy alta y los jóvenes desempleados representan el 57 %, cuando en Alemania es del 8 %.
En España, la tasa de los jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan es del 23,7 %, y solo nos supera Israel.
Otros datos aportados por la vicepresidenta para argumentar la
necesidad de la nueva ley educativa es que en los estándares PISA sobre
nivel educativo alcanzamos 481 puntos, doce por debajo de la media de la
OCDE.
El pasado 25 de abril, la secretaria de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, anunció que
el anteproyecto de la ley
llegaría al Consejo de Ministros el viernes 10 de mayo,
lo que suscitó una crítica unánime entre los sindicatos y asociaciones
de padres y estudiantes que habían convocado una huelga general en el
sector educativo justo un día antes, el 9 de mayo, en contra de la ley.
La oposición pretende hoy centrar todas preguntas de la sesión de
control en el Senado en la educación. Los socialistas pedirán, por
ejemplo, explicaciones por los recortes, el impulso a la enseñanza
concertada y las escuelas diferenciadas por sexos.
Sin embargo, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de
Santamaría, vaticinó al término de aquel Consejo de Ministros que ese
argumento no se sostendría "mucho tiempo", ya que la norma se enviaría
al Parlamento este mismo mes de mayo, a falta de
resolver las "observaciones" que sobre la memoria económica había planteado la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
"Hay algunos aspectos en la memoria económica que destacó el Consejo
de Estado (en su dictamen sobre el anteproyecto) y que se están
fortaleciendo, amén de la posibilidad, en colaboración con el Ministerio
de Empleo, a consecuencia de la aprobación del marco financiero
plurianual, de que en alguna de las medidas novedosas que se aplican en
algunos ámbitos, especialmente la Formación Profesional, puedan además,
utilizarse fondos europeos", dijo entonces Saenz de Santamaría.
No obstante, el texto podría incluir otras novedades respecto de su
redacción original, ya que Educación se ha mostrado dispuesto a atender
determinadas observaciones del Consejo de Estado
sobre su contenido. Se trata en concreto de dos: la forma de garantizar
la libre elección del castellano como lengua vehicular en Cataluña y de
permitir que los colegios que separan por sexo a los alumnos tengan
acceso a conciertos públicos.
Otro aspecto sobre el que podrían introducirse cambios de cara al
Consejo de Ministros es en el diseño de la asignatura que se oferta como
alternativa a Religión, ya que a juicio del Consejo de Estado puede ser
discriminatorio tener que elegir una u otra, asunto sobre el que
Gomendio se mostró asimismo dispuesta a trabajar.
El objetivo del Gobierno es que la LOMCE, la séptima ley educativa 37
años de democracia, esté aprobada "en otoño" a fin de que se pueda
cumplir el preceptivo plazo de diez meses para la adaptación curricular y
llegue a las aulas en el curso 2014/2015, es decir, dos años después de
su presentación.
La andadura se inició el pasado 21 de septiembre, cuando el Consejo
de Ministros dio luz verde al anteproyecto de la ley. Desde entonces, su
principal promotor, el ministro José Ignacio Wert, se ha reunido con la
mesa sectorial de Educación (sindicatos) y con las comunidades
autónomas, y ha sometido la iniciativa al dictamen del Consejo Escolar y
del Consejo de Estado.
Entre las principales novedades se encuentra la implantación de
evaluaciones a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato,
además de una prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de
problemas de aprendizaje en los alumnos. Los exámenes de ESO y
Bachillerato serán necesarias para obtener el título y, en concreto, el
segundo, que los sectores críticos llaman "reválida", sustituirá a la
actual Selectividad.
Otro de los cambios más notables afecta a 3º de la ESO, pues se
adelantan a este curso los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato a
través de asignaturas optativas. Estas dos vías estarán ya completamente
diferenciadas en 4º de la ESO.
Además, el anteproyecto aumenta la capacidad del Ministerio de
Educación para decidir sobre los contenidos comunes de las asignaturas
mientras cede libertad a centros y comunidades autónomas para hacer lo
propio con las materias no instrumentales, a fin de que se especialicen.
Mientras, se incrementa la carga lectiva en todas las etapas de las
asignaturas instrumentales --Matemáticas, Lengua e Inglés--.
En cuanto a la FP, prevé la creación de una Formación Profesional
Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a
alumnos de 15 años. Además, introduce asignaturas en la FP de grado
medio orientadas a sectores profesionales y facilita el paso hacia la FP
de grado superior.
400 millones de euros
Sobre la memoria económica, si bien Wert dijo al presentar el
anteproyecto que tendría un coste "nulo" de implementación y para su
consolidación se necesitarían unos 300 millones de euros, en enero de
este año concretó que el Estado asumiría costes directos por importe de
408 millones de euros --23 millones el primer año; 130, en el segundo; y
255, en el tercero--.
